El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) publicó el 10 de julio de 2025 la tesis IX-P-SS-463 que cambia el panorama regulatorio en México: los contratos relacionados con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI, conocida como “Ley Antilavado”) ahora deben contar con fecha cierta para tener valor probatorio pleno.
Esto significa que las empresas, en especial las del sector financiero y aquellas que realizan actividades vulnerables (como inmobiliarias, fintech, casas de cambio, cripto, venta de autos, joyería, entre otras), deberán demostrar no solo que sus operaciones existieron, sino que se realizaron en una fecha verificable e inalterable.
En este artículo explicamos qué significa este cambio, qué implica para las organizaciones y cómo Cincel, como PSC autorizado, se convierte en un aliado estratégico para cumplir con esta nueva exigencia legal.
¿Qué es la “fecha cierta” y por qué ahora es clave en la Ley Antilavado?
La fecha cierta es un requisito jurídico que garantiza que un documento existía en un momento determinado y que no ha sido manipulado. Antes, este requisito se exigía en el ámbito fiscal. Sin embargo, la nueva tesis amplía su alcance al cumplimiento de la Ley Antilavado. En términos simples:
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa establecieron que:
"El requisito de fecha cierta también resulta indispensable para otorgar valor probatorio pleno a los contratos con los que se pretende acreditar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita."
La decisión se fundamenta en que solo a través de la fecha cierta se tendrá certeza de que:
La obligación aplica principalmente a:
En la práctica, cualquier empresa que celebre contratos en estas categorías deberá garantizar que estos documentos tengan fecha cierta.
Para Bancos:
Para Actividades vulnerables:
Tradicionalmente, la fecha cierta se obtenía a través de fedatarios públicos en documentos físicos. Pero en el mundo digital, la NOM-151-SCFI-2016 establece el marco para emitir constancias de conservación y sellos digitales de tiempo que cumplen con el mismo valor probatorio.
En palabras de Carla Vazquez Wallach, Chief Legal Officer en Cincel:
“La NOM-151 aporta, en el entorno digital, valor probatorio bajo el principio de equivalencia funcional sobre la fecha cierta lo que anteriormente únicamente se atribuía a registros o escrituras públicas. Ahora, conforme a este precedente judicial, puede extenderse su uso a contratos y procesos de verificación exigidos por la Ley Antilavado.”
Beneficios específicos:
Consecuencias legales:
Costos operativos:
Cincel, como Prestador de Servicios de Certificación (PSC) autorizado por la Secretaría de Economía, ofrece:
Esto convierte a Cincel en la herramienta ideal para que bancos, fintech, inmobiliarias y empresas con actividades vulnerables puedan cumplir con la nueva obligación de forma ágil y 100% digital.
La exigencia de fecha cierta en contratos para demostrar el cumplimiento a la Ley Antilavado marca un precedente clave para el cumplimiento regulatorio en México. Lejos de ser un obstáculo, representa una oportunidad para que las organizaciones fortalezcan sus procesos de prevención de lavado de dinero y construyan mayor confianza con clientes y autoridades.
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